ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE UN RÉGIMEN EN CONSTRUCCIÓN

En la actualidad, ningún Estado democrático puede dejar de asumir sus responsabilidades. Algunos tratados internacionales obligan a sus Estados miembros a adoptar mecanismos internos para reparar los daños que causen a los bienes y derechos de los particulares. Desde 2002, México incorporó a su sistema jurídico la responsabilidad “objetiva y directa” como mecanismo para indemnizar a los particulares por los daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado. Sin embargo, este esquema, surgido del párrafo segundo del artículo 113 constitucional y de su ley reglamentaria, mantiene algunas restricciones en su instrumentación que, con la adopción del nuevo paradigma en materia de derechos humanos por el Estado mexicano mediante la reforma constitucional de 2011, hacen necesario replantear su instrumentación, sobre todo, a partir de la publi-cación de la Ley General de Víctimas en 2013, la cual ofrece a los particulares medidas de reparación adicionales para los casos en que hayan sufrido un daño o puesta en peligro de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. Nowadays, the democratic state is assuming a new scope of responsibilities. Some International treaties in forced the Member States to adopt internal mechanisms to repair damages caused to the property and rights of individuals. Since 2002, Mexico incorporated to its legal system the “objective and direct” responsibility as a mechanism to indemnify individuals for damages caused by irregular administrative activities of the government and the State. However, this scheme arising from the second paragraph of Article 113 of the Constitution and their regulatory law, maintains some restrictions on its implementation with the adoption of the new paradigm in the field of human rights by the Mexican State through constitutional reform of 2011, make it necessary to revise its implementation, especially since the publication of the General Victims Act in 2013. This law provides additional repair specific measures for cases that have suffered damage or danger to their properties or rights as a result of crime or violations of their human rights.