Vindicación del derecho a la salud en el marco de las obligaciones internacionales progresivas bajo la mirada del Tribunal Constitucional peruano

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han gestado diversas obligaciones internacionales que los Estados deben cumplir para asegurar los niveles mínimos de protección del derecho a la salud. Si bien estos deberes –de carácter general y específico– han sido desarrollados a lo largo de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, el problema radica no solo en la dificultad de identificar las obligaciones específicas que emanan del mandato de progresividad en materia de salud, sino también en vigilar su cumplimiento, el cual no se agota con el compromiso contenido en el Protocolo de San Salvador de presentar informes periódicos sobre las medidas progresivas adoptadas a nivel interno. Por ello, es que el presente artículo, a partir de una metodología analítica-jurisprudencial, pretende escudriñar las obligaciones que se derivan de la cláusula de progresividad: asegurar el acceso a sistemas de salud y garantizar que los servicios de salud sean suministrados según los principios de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Asimismo, y en vista a que el cumplimiento de estos deberes exige una intervención activa por parte del Estado –cuya realización depende en gran medida del diseño y ejecución de políticas gubernamentales–, también resulta fundamental analizar desde la óptica del Tribunal Constitucional peruano los alcances de la potestad de control y evaluación de las políticas gubernamentales en aplicación del test deferente, en virtud del cual la justicia constitucional se encuentra facultada a ordenar la elaboración o reevaluación de políticas públicas o, incluso, declarar un estado de cosas inconstitucional.