Ley de victimas de Colombia y la responsabilidad de las personas juridicas por violaciones de derechos humanos

En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Victimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradas como necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la protección y cumplimiento de los derechos de las victimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas de la ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el articulo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del articulo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia. Palabras clave: Ley de Victimas, empresas y derechos humanos, personas jurídicas, derecho internacional, derecho civil. In 2011, after four years of lobbying and political wrangling, Colombia approved Law 1448, commonly known as the Victims Law. Its aims are broad: to be the comprehensive body of law to address civilian population claims related to the armed conflict, and therefore to include the necessary legal reforms to restore the rule of law through the enforcement of victims' rights. Currently, government, civil society and scholars are focused on the major issues of the Law, specifically land restitution and assistance for victims. However, this new body of Law, with its 208 provisions, is broader than that, and a close review of its articles is urgently needed. One little-studied and apparently forgotten provision is Article 46, which appears to put in place a specific directive to enhance the prosecution of juridical persons for violations of human rights and international humanitarian law in the context of the Colombian armed conflict. However, a thorough analysis of