Sobre las prerrogativas procesales. ¿Está justificada constitucionalmente la extensión del aforamiento en España?

La Constitución española reconoce las tradicionales prerrogativas parlamentarias y la prerrogativa de aforamiento al presidente y demás miembros del Gobierno, sin más. Diferentes leyes, estatales y autonómicas han extendido el aforamiento a otras autoridades y determinados funcionarios públicos, provocando así una extensa nómina de personas aforadas, y ocupando un lugar destacado en los debates mediáticos y en las propuestas políticas de regeneración democrática. Este Debate ha cuestionado seriamente la justificación y el alcance del aforamiento en nuestro país. Estas son las cuestiones que constituyen el objeto de este trabajo, que concluye con la propuesta de reconsiderar las prerrogativas, en especial la de aforamiento, tanto en términos cuantitativos como en términos del ámbito protegido por la misma, a fin de reconducir la institución a unos términos que la hagan compatible con el conjunto del sistema constitucional.