Persecución política y complicidad judicial en Mendoza durante los años setenta

En setiembre de 1974, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se sancionó la ley Nº 20.840 o de Seguridad Nacional, cuyo objetivo era vigilar, controlar y perseguir a los sectores movilizados de la sociedad civil, estableciendo que cualquier persona que alterara o intentara alterar el orden institucional y la paz social de la Nación quedaría a disposición de la justicia federal. En este trabajo, a partir del análisis de cuatro operativos ocurridos en la provincia de Mendoza, examinaremos la complicidad y responsabilidad de la justicia federal en la trama represiva local previa y posterior al golpe de Estado de 1976, prestando particular atención a la coordinación entre las fuerzas armadas y de seguridad, a la sistematicidad del accionar represivo reflejado en la organización de aquellos operativos de detención y secuestro a partir de la identidad política de las víctimas, y al modo en que se imbricó en ello lo legal y lo ilegal.