La criminalización de la justicia

A simple vista parece una frase paradójica, pero es la realidad que vive actualmente Guatemala. En un país pionero en el Derecho Penal en Latinoamérica hemos visto cómo se transformó el Código Procesal Penal de resabios inquisitivos hacia uno de corte acusatorio, cómo se desarrollaron en corto tiempo juicios orales, y posteriormente cómo se diligenciaron procesos complejos relacionados al narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, graves violaciones a derechos humanos, de índole nacional y transnacional. Sin embargo, hemos visto cómo, a pesar de las debilidades estructurales del Sistema de Justicia guatemalteco, sus operadores de justicia han podido juzgar con independencia estos casos, complejos por el número de sujetos procesales, la cantidad de pruebas, los delitos de alto impacto, los graves riesgos que suponen. Pero esas estructuras de crimen organizado incrustadas en los tres poderes del Estado, actualmente, han instrumentalizado el Ministerio Publico y algunos jueces y magistrados, para perseguir criminalmente con sesgo en la perspectiva de género muy marcado, precisamente a los operadores de justicia que, de manera independiente, investigaron y juzgaron casos de gran corrupción e impunidad, fabricando y sustrayendo pruebas, induciendo declaraciones falsas, bajo amenazas de persecución penal; inventando hechos y delitos sin fundamento factico ni probatorio, provocando la detención de varios operadores de justicia en su mayoría mujeres y el exilio de por lo menos 24 operadores de justicia, entre fiscales, jueces y magistrados - hechos inusitados en la historia de América Latina. En Guatemala, hoy, se criminaliza la impartición de justicia independiente. At first glance it seems like a paradoxical phrase, but it is the reality that Guatemala is currently experiencing. A pioneering country in criminal law in Latin America, we have seen how the Criminal Code was transformed from inquisitive remnants to one of an accusatory court, how oral trials were developed in a short time, and later how complex processes related to drug trafficking, money laundering, organized crime, serious human rights violations, of a national and transnational nature, we have seen how despite the structural weaknesses of the Guatemalan Justice System, its justice operators have been able to independently judge these cases, complex due to the number of procedural subjects , the amount of evidence, the high-impact crimes, the serious risks they pose. But these organized cr