La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva

El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido escasamente estudiado por la doctrina del Derecho Constitucional. Sin embargo, este derecho está presente en la mayor parte de las demandas que llegan al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, y por ende en la mayoría de las sentencias que aquél dicta. El contraste entre uno y otro dato se debe a la percepción que existe acerca de la naturaleza predominantemente procesal de este derecho. Esta percepción aboca en muchas ocasiones a una mala comprensión del citado derecho.La finalidad del presente trabajo es delimitar el derecho a la tutela judicial efectiva desde su naturaleza constitucional, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se afirmará que el derecho a la tutela judicial efectiva abarca todo el proceso y que, por tanto, no es posible delimitar este derecho a partir del tradicional esquema basado en la distinción entre un contenido de naturaleza constitucional y un contenido de legalidad «ordinaria». Por el contrario, lo que distingue al derecho a la tutela judicial efectiva es la perspectiva que obliga a adoptar a quien desee fundamentar en él su argumentación. El derecho a la tutela judicial efectiva no permite revisar el acierto de las resoluciones judiciales, sino la razonabilidad de la argumentación desarrollada por los órganos judiciales para fundamentar sus resoluciones.De esta manera, la argumentación basada en el derecho a la tutela judicial efectiva distingue varias vertientes en este derecho y aplica una serie de tests, que dan la medida de la razonabilidad exigida a las resoluciones judiciales en cada caso. El presente trabajo detalla, precisamente, estas vertientes y tests. Ello da lugar a que la doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sea imprecisa, ya que emplea conceptos tales como la razonabilidad, la proporcionalidad, la eficacia o la finalidad de las actuaciones judiciales y el contexto de los casos, entre otros. Sin embargo, esta característica no puede sorprender, ya que es inherente, precisamente, a su no siempre bien comprendida naturaleza de derecho fundamental.