Urban penalty y reforma sanitaria : el caso de una ciudad minera: La Unión (1870-1913)

Para la elaboración de este artículo, los autores se han beneficiado de los proyectos de investigación de I+D+I PGC 2018-097817-B-31, PGC 2018-097817-B-32, PGC 2018-097817-B-33. Este trabajo consta de tres partes. En la primera, proponemos analizar la urban penalty desde la óptica de los fallos de mercado. En la segunda parte, ofrecemos datos que evidencian que la La Unión sufrió urban penalty entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. En la tercera parte, cuantificamos el gasto que se invirtió en la reforma sanitaria de la ciudad y documentamos que no se instalaron cámaras de condensación en las fundiciones de plomo que existían en el casco urbano pese a que la legislación así lo exigía. Para terminar, sostenemos que La Unión sufrió urban penalty hasta la Primera Guerra Mundial porque el gasto en reforma sanitaria fue insuficiente y no se instalaron esas cámaras de condensación. Uno y otro hecho se explican por razones políticas. La ciudad estuvo gobernada por una oligarquía de empresarios dueños de minas y fundiciones poco sensibles a los problemas sociales que invirtió en salud pública menos que otras ciudades españolas de población similar y que utilizó recursos públicos para fines privados. Esa misma oligarquía no cumplió con la legislación que obligaba a introducir en las fábricas de plomo cámaras de condensación. In the first part of this article, we analyze urban penalty from the perspective of market failures. In the second part, we offer data showing that La Union suffered urban penalty between 1870 and the First World War. Finally, in the third part, we quantify the expenditure invested by the city in health reform and document the failure to install condensation chambers in lead smelters in the city, despite this being a legal requirement. In conclusion, we support the hypothesis that the Union suffered an urban penalty up to the First World War because spending on health reform was insufficient and condensation chambers were not installed, which both have political explanations. The city was ruled by an oligarchy of business men, owners of mines and smelters and insensitive to the social problems. Less was invested in public health in comparison to other Spanish cities with similar populations, and public resources were used for private purposes. This same oligarchy did not comply with the state legislation requiring the introduction of condensation chambers in lead factories.