lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo

La diversidad lingüística es una gran riqueza cultural de nuestro Estado, es por ello que la Constitución, en el artículo 3, reconoce el castellano como lengua oficial en todo el territorio, y la posibilidad de que otras lenguas también puedan serlo; si así se dispone en su estatuto de autonomía. Se prevé un modelo cooficial que fomenta la convivencia de las diferentes lenguas, por lo que, para impulsar el uso y conocimiento de las lenguas regionales, y situarlas al mismo nivel que el castellano, se pone en marcha la normalización lingüística. Las diferentes lenguas oficiales regionales se incorporan a los sistemas educativos autonómicos, con el objetivo de alcanzar un bilingüismo que permita el uso simultaneo y el conocimiento correcto de ambas lenguas. Con el paso del tiempo este objetivo se ha cumplido, y poco a poco han ido aumentando el número de horas dedicadas al estudio de la lengua regional, si bien la dedicación e interés por el castellano se han resentido, y el contacto con la lengua común está siendo cada vez menor.A ello se suman las dudas en cuanto al concepto de lengua vehicular en la enseñanza que, si bien en la anterior ley educativa se predicaba del castellano, la actual ley lo elimina de su contenido. A la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, hemos de recordar lo dicho en sentencias anteriores, considerando que ambas lenguas deben ser consideradas vehiculares en la enseñanza, y que ninguna se puede entender como preferente o propia; si ello supone un demérito para la otra. Resulta realmente incoherente hablar de lengua oficial de un Estado, común para todos sus ciudadanos, y que no se entienda como vehicular.Así las cosas, el interés de los territorios por el fomento y uso de sus lenguas regionales parece haber ido más allá del equilibrio, de tal forma que las horas lectivas dedicadas al castellano son cada vez menos, y mayores los problemas de las familias para encontrar centros educativos cuya lengua vehicular sea la común. Buscar la proporción adecuada entre el fomento de la gran riqueza cultural que supone el poder dominar dos lenguas, y el hecho de que el conocimiento del castellano no se vea perjudicado, no está siendo una tarea fácil. La atención desproporcionada hacia las lenguas regionales, en detrimento de la lengua común, supone una clara afectación de numerosos valores implicados, y una clara limitación en el ejercicio de ciertos derechos. Son los poderes públicos los que están llamados a controlar y garantiz