Intento de configuración legal del derecho al olvido en el entorno europeo y español

Two opposite positions emerged in the consolidation of the right to be forgotten. The first, denied the need to recognize a new right, and the second, admitted its legal singularity, as a mechanism to protect the rights of people over their personal data. In this context, the right to be forgotten is a human judicial right, subjective and independent. Its ownership corresponds exclusively to natural persons and its content is comprised in the power of control a person has over his or her personal data, use and destination in the digital environment. The positive legal recognition of the right to be forgotten in the European context occurred in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, dated April 27th, 2016, regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and, in the case of Spain, in the its local legislation, the Organic Law 3/2018, dated December 5th, 2018, on the Protection of Personal Data and the guarantee of digital rights in Spain. En la construcción del derecho al olvido, surgieron dos posiciones contrarias. La primera, negó la necesidad de reconocer un nuevo derecho, y la segunda, admitía la singularidad jurídica de este derecho, como mecanismo de tutela de los derechos de las personas sobre sus datos personales. En este contexto, el derecho al olvido es un derecho humano de creación pretoriana, subjetivo y autónomo. Al ser este de carácter personal, su titularidad corresponde con exclusividad a las personas físicas y su contenido se contrae al poder de control de una persona sobre sus datos personales, uso y destino en el entorno digital. El reconocimiento jurídico-positivo del derecho al olvido en el contexto europeo se dio en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y, para el caso de España, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en España.