Estudio de los límites del derecho a intérprete y a la traducción de los documentos esenciales en los procesos penales en la UE

This study deals with the scope, and therefore the limits, of the rights to interpretation and translation of essential documents in criminal proceedings, that belong to any suspect or accused person in criminal proceedings in the European Union, as well as to any requested person in proceedings for the execution of an European Arrest Warrant, as they are being defined by the European Court of Justice’s case-law. The European Court has clarified the objective scope of these rights by putting the border on the Criminal Court’s decision over the accused person’s criminal responsibility. Nevertheless, a possibility is left to an extension of these rights beyond this limit, by means of the non-regression clause, applied to the interpretation made by Member States of expressions such as “essential documents”. An analysis is also made of how Spanish Supreme Court (Tribunal Supremo) has assumed its role as supreme interpreter of the ordinary legislation concerning these rights, and how its action has exposed the less satisfying points of the Spanish procedural regulation modification’s required by the Directive’s implementation. El presente estudio aborda el alcance, y en consecuencia los límites, del derecho a intérprete y a la traducción de los documentos esenciales de todo sospechoso o acusado en un proceso penal en la Unión Europea, así como de las personas buscadas por una orden europea de detención, según van siendo definidos por el Tribunal de Justicia a través de su jurisprudencia. El Tribunal de Justicia ha clarificado el ámbito material de aplicación de estos derechos poniendo la frontera en la resolución del juez penal sobre la responsabilidad criminal del acusado, si bien ha dejado abierta la posibilidad de una extensión de estos derechos más allá, a través del juego de la cláusula de no regresión aplicada a la interpretación que los Estados puedan hacer de expresiones como «documentos esenciales». Se analiza asimismo la actuación del Tribunal Supremo español, que ha asumido ya su papel de supremo intérprete de la legalidad ordinaria en relación con estos derechos, revelando los aspectos menos satisfactorios de las modificaciones de la legislación procesal española que la implementación de la directiva ha provocado.